miércoles, 7 de septiembre de 2016

LEGISLADORES DEMANDAN CUENTAS CLARAS AL DIRECTOR DE JUEGOS Y SORTEOS DE SEGOB





>> Si Luis Felipe Cangas encubre corrupción, que renuncie y permita una investigación

>> Podría llamársele a comparecer en comisiones de la Cámara de Diputados

>> PRD en Senado busca eliminar opacidad en permisos para casinos

Ciudad de México, 7 de septiembre (entresemana.mx).- Bajo la presunción de que Luis Felipe Cangas Hernández encubre o lo rebasó la corrupción en la Dirección General de Juegos y Sorteos –a su cargo--, dependiente de la Secretaría de Gobernación, legisladores federales se pronunciaron porque rinda cuentas claras o renuncie para permitir una investigación en esa área que recurrentemente ha sido cuestionada y señalada como espacio de tráfico de influencias y beneficio a determinados empresarios del juego.

Incluso la bancada del PRD en el Senado de la República anunció que buscará una reforma a la Ley de Juegos y Sorteos para eliminar la opacidad y discrecionalidad con la que se entregan permisos para la operación de casinos en el país, como se ha publicado respecto de uno otorgado a la empresa Caliente sin contar con la autorización del municipio de San Nicolás, en el estado de Nuevo León.

Al respecto, el senador perredista Luis Humberto Fernández Fuentes refirió que la reciente entrega de dicho permiso para la operación de un casino, evidencia la forma en que se está permitiendo la proliferación de estos negocios en el país, sin ningún tipo de beneficio social y económico.

En tanto, el diputado federal priista David Sánchez Isidoro, secretario de la Comisión de Gobernación de la Cámara baja, se pronunció porque Luis Felipe Cangas Hernández, director General de Juegos y Sorteos, atienda a los requerimientos de información que le han hecho acerca de ese permiso otorgado sin anuencia de la autoridad municipal.

De acuerdo con información pública, Cangas Hernández firmó un permiso para el funcionamiento del Casino Caliente Anáhuac, en el municipio de San Nicolás, sin contar con el visto bueno del municipio, como determina la ley.

“Esa situación debe ser investigada y, de proceder, incluso el funcionario (Cangas Hernández) debe comparecer ante la Comisión de Gobernación para explicar las anomalías denunciadas en el otorgamiento selectivo de permisos para casas de juego”, dijo Sánchez Isidoro.

--¿Debe renunciar al cargo?—se le preguntó en entrevista.

--Podría proceder para que dé paso a una investigación a fondo en esa dirección a su cargo—respondió el legislador mexiquense.

Dicho casino está clausurado por el municipio, pero tiene una autorización para operar, librada por la Dirección General de Juegos y Sorteos, lo que inconformó al presidente municipal de San Nicolás, Víctor Fuentes, quien hace más de dos semanas envió un oficio de revocación de la autorización a la oficina de Cangas Hernández, sin haber tenido respuesta.

Respecto de esta situación que implicaría corrupción y tráfico de influencias, toda vez que hay evidencias de una sociedad entre el empresario Jorge Han Rhon y el llamado zar del juego, Juan José Rojas Cardona, el senador Fernández Fuentes valoró la decisión de la bancada del PRI en el Senado de incluir en su agenda legislativa para este periodo de sesiones una reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que permita modernizar el marco legal, ya obsoleto, ante el halo de opacidad en la entrega de permisos de forma discrecional

El también secretario de la Mesa Directiva del Senado, lamentó que la Dirección General de  Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, que encabeza Luis Felipe Cangas Hernández, esté entregando nuevos permisos, sobre todo cuando existe el antecedente en Nuevo León del Casino Royale, que cobró medio centenar de vidas.

Integrante de la Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana del Senado, Luis Humberto Fernández se pronunció por combatir la corrupción en esa Dirección de Juegos y Sorteos y, para ir al fondo en el nuevo marco legal, planteó transparentar el otorgamiento de permisos, revocar los que se hayan entregado de manera irregular, atender el tema de la ludopatía en el país y buscar un modelo que reditué ingresos a las poblaciones y beneficios sociales y económicos.