Para reír o llorar están
los spots que el gobierno transmite en los medios de comunicación para promover
que la gente denuncie los delitos.
Cuando escucho que el
argumento central es que sólo uno de cada diez son denunciados, es claro que
las autoridades han encontrado en la cifra negra el pretexto para endosar la
responsabilidad a los ciudadanos.
Esto sin tomar en cuenta
que dicha obligación no la cumple la gente por la tremenda desconfianza hacia
su pésimo trabajo en materia de seguridad, procuración e impartición de
justicia, así como por el desenfado legislativo en la materia.
En Guerrero, los niveles
de confianza de todas las corporaciones e instituciones que tiene que ver con
esos tres importantes aspectos están por debajo de la media nacional.
En lo que respecta a la
Policía Ministerial la diferencia es de 15 puntos porcentuales, en la Fiscalía
y los Ministerios Públicos de 8.9 y en los jueces de 5.5; y no se diga de la
Policía Federal que también tiene un nivel de confianza inferior en 10.5 puntos
a la que goza en el resto del país, según datos del INEGI.
Los diputados locales y
federales no están exentos. Aún cuando es notoriamente pública la grave
situación de delincuencia que atraviesa el país y en particular el estado, nada
hacen por legislar en la materia.
A nivel local, el ejemplo
es la Comisión de Justicia que preside Héctor Vicario Castrejón, la cual tiene
congeladas las iniciativas presentadas por los diputados de Movimiento
Ciudadano para agravar las penas por halconeo, y tipificar la pederastia como
delito.
Quienes cobran como
diputados federales por Guerrero nada han hecho tampoco, por modificar el
Código Penal Federal para que el delito de extorsión se tipifique como grave, y
los extorsionadores no tengan derecho a enfrentar sus procesos en libertad, con
el riesgo que esto representa para sus víctimas que los denunciaron.
Vamos, en la era de la
tecnología siquiera hubieran de procurar que les pusieran un brazalete con
localizador satelital, como se hace en otros países, para garantizar que
permanecerán alejados de sus denunciantes que quedan en la total indefensión.
La extorsión es un delito
en el que las denuncias incrementaron en más de
6 mil casos del año 2014 al 2015. Ese último año se denunciaron 18 mil
399 extorsiones.
Si tomamos en cuenta que
la cifra negra es del 94.2 por ciento, la alarmante realidad de ese delito en
Guerrero fue de más de 317 mil casos, muchos de los cuales, es un secreto a
voces que terminan en asesinatos de comerciantes que se niegan a pagar lo que les
piden.
Mientras no exista la
voluntad de los diputados por adecuar la legislación a los nuevos retos, y de
los servidores públicos para generar resultados que generen confianza en los
ciudadanos, toda campaña para llamar a
la delación está destinada a ser dinero público tirado a la basura, pues así
las cosas, ¿cómo diablos denunciamos?
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