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| CARLOS REYES ROMERO |
“Cuando… el bien y la
justicia signifiquen lo mismo para todos. Ese día reinará la paz”
Gerardo Laveaga. El sueño
de Inocencio.
Lamentable, muy lamentable
y desafortunada su respuesta al reclamo de justicia de Doña Martha Idalia Obezo
Viuda de Chavarría.
La señora Obezo sólo pide
lo justo: que la Fiscalía General del Estado retome la investigación de la
ejecución de su esposo el diputado Armando Chavarría, asesinado el 20 de agosto
de 2009, hace más de cinco años.
Para ello, la viuda de
Chavarría solicita que se cree una fiscalía especializada que investigue el
caso y finque las responsabilidades que haya menester a quien corresponda.
El ex gobernador de
Guerrero Ángel Aguirre prometió crear dicha Fiscalía pero, muy en su estilo,
jamás la concreto. Ahora Usted de plano dice que no puede, dizque porque la
Fiscalía por ley es autónoma.
Eso es lo más lamentable y
desafortunado de su respuesta, porque en la práctica es una abdicación de la
justicia y parece inaugurar una nueva manera de eludir las responsabilidades y
el compromiso, asumido con el cargo, de respetar y hacer respetar la
Constitución y las leyes que nos rigen.
Es sabido que algunos
gobernantes antes de transferir a sus colaboradores las peticiones de los
ciudadanos, le agregan la leyenda: “Autorizado. HP”. El solicitante cree
entonces, entusiasmado, que eso significa “Hazlo Pronto”, cuando en realidad es:
“Hazte Pendejo”.
Usted en cambio se escuda
en un supuesto escrupuloso respeto a la Ley para esconder, en la práctica, su
negativa a hacer justicia en el caso Chavarría y en el de Nestora Salgado
García y, como consecuencia, en el de los otros ciudadanos presos por motivos políticos,
que le heredo Ángel Aguirre.
Pero pasemos al fondo del
asunto. ¿Porque una fiscalía especializada para el caso Chavarría?
Primero.- Porque así lo
amerita este relevante y emblemático caso; se trata de un presunto crimen de
Estado o, dicho a la manera del ilustre jurista Don Sergio García Ramírez, de
un crimen perpetrado desde o dentro del Estado.
Armando Chavarría Barrera
era cabeza del Poder Legislativo del estado, cuando que fue ultimado y la
autoría intelectual de su asesinato se atribuye a quien era titular en ese
momento del Poder Ejecutivo de Guerrero, nada más ni nada menos que al ex
gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.
Esa simple circunstancia
es suficiente para que se retome la investigación y se lleve hasta sus últimas
consecuencias. Tiene que esclarecerse sí efectivamente Zeferino Torreblanca
Galindo es el culpable intelectual del asesinato de Armando Chavarría Barrera
para, en su caso, sujetarlo a debido proceso y aplicarle la justicia o
exonerarlo. Así de simple.
Ciertamente, el principal
autor material del crimen ya está muerto, el comandante de la policía judicial
del estado Trinidad Zamora Rojo, ejecutado dizque “por delator”; pero los otros
participantes viven y son localizables y existe el testimonio judicial del
entonces procurador Alberto López Rosas.
Lo primordial es que el
presunto autor intelectual, Zeferino Torreblanca Galindo ya no goza de
inmunidad constitucional, de fuero pues; aunque lo anda buscando
desesperadamente, vía una nueva elección popular, para obtener otros cinco años
de impunidad.
Segundo.- La viuda de
Armando Chavarría, tiene pleno derecho a que: “el Ministerio Público y sus
auxiliares así como el Órgano jurisdiccional les faciliten el acceso a la
justicia y les presten los servicios que constitucionalmente tienen
encomendados con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo,
eficiencia y eficacia y con la debida diligencia”, como lo estipula el Código
Nacional de Procedimientos Penales.
Además no puede todavía ˗subrayo
el todavía˗
hacerse de otra manera porque jurídica y técnicamente es obligado todavía ˗insisto
en el todavía˗
que la investigación
de los delitos la haga el ministerio público
y que sea él
quien ejercite la acción
penal ante los tribunales, según
la interpretación
todavía ˗una
vez más todavía˗ predominante acerca de lo
que estipula al respecto el artículo
21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es increíble, pero en el
sistema judicial vigente en el país, los mexicanos no tenemos todavía derecho real
y efectivo de acudir directamente ante un juez en demanda de justicia en
materia penal.
Podemos acudir
directamente ante un juez en todas las demás ramas del derecho (civil,
administrativo, fiscal, laboral, agrario, familiar, etc.), menos en el ámbito
penal. A güevo tiene que ser a través del ministerio público.
Es una verdadera
aberración jurídica y una total negación de los derechos humanos nacional e
internacionalmente reconocidos, pero así de brutal es, desgraciadamente.
Digo desgraciadamente, porque
todos sabemos el viacrucis y el batallar de las víctimas con el ministerio
público para lograr que efectivamente se haga la investigación y que se ejerza
la acción penal contra los delincuentes.
Ciertamente la reforma
constitucional de junio del 2008, abrió una luz en el túnel al establecer al
final del segundo párrafo del artículo 21 de la Constitución, que: “La ley
determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal
ante la autoridad judicial.”
Con la entrada en vigor
del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales eso ya puede hacerse, pero
se corre el riesgo de que entonces el ministerio público le niegue a la
víctima, la prestación de “los servicios que constitucionalmente tiene
encomendados con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo,
eficiencia y eficacia y con la debida diligencia”; como los leguleyos lograron
filtrar en el mencionado Código.
Tercero.- ¿Desde cuándo
autonomía significa independencia? Suponiendo sin conceder que así fuera, los
entes públicos ˗aún los independientes˗
pueden establecer convenios o pactar acuerdos en beneficio del bien público.
Nadie le está pidiendo,
Gobernador Rogelio Ortega, que le haga manita de puerco al Fiscal General del
estado, sino que en todo caso lo convenza o convenga con él que se aplique el
principio pro persona y el garantismo jurídico que actualmente tutela nuestra
Constitución, para encauzar debidamente el caso Chavarría, lo mismo que para
poner en libertad a Nestora Salgado y a los otros ciudadanos injustamente
presos por motivos políticos.
Además, extraoficialmente
se sabe que el Fiscal expide sus nombramientos de Fiscales Regionales y
Especiales de común acuerdo con Usted, porque así lo dice en los oficios con
que comunica sus decisiones a los otros poderes.
No cometa el mismo error
de solapar los crímenes de Armando Chavarría, del diputado federal Moisés
Villanueva de la Luz y del dirigente social Arturo Cardona y sus compañeros; ni
de convalidar la criminalización de la lucha social y el injusto
encarcelamiento de quienes defienden a sus pueblos, como lo hizo su antecesor
Ángel Aguirre Rivero.
Rectificar es de sabios;
Usted lo sabe bien por su formación académica.
