 |
| Miguel Ángel Mata Mata |
El martes será aprobado o rechazado el
dictamen relacionado con la Ley Estatal de Educación cuya propuesta fue enviada
por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación y que ha sido causa
de bloqueos, agresiones, secuestros, pérdidas millonarias a la economía
mediante el chantaje impuesto por tan solo el tres por ciento de 70 mil
mentores registrados oficialmente en el estado de Guerrero.
Los maestros han parado actividades desde
hace 58 días. Son casi treinta mil niños los que sufren por la necedad de un
grupúsculo de no mas de dos mil cien personas, quienes encabezados por
perversos personajes han tenido la habilidad para engatusar a otros miles y
hacer creer que con la reforma educativa la educación será privatizada. Nada
mas falso.
Por el conflicto los maestros han lastimado a
la sociedad y se han crecido ante la cobardía y posible complicidad de un
gobierno estatal que ha pagado puntualmente sus quincenas a quienes han
abandonado el trabajo para el que fueron contratados a sabiendas del temor que
infringen en quienes tienen la autorización legal para la portación de armas y
el uso de la violencia para defender a los ciudadanos por parte de quienes les
provocan algún daño, como es el caso.
La ley, plasmada en la Constitución, ha sido
violada. Las garantías individuales, columna vertebral de la ley mexicana, ha
sido violada en Guerrero. El gobierno ha renunciado a su facultad de brindar
seguridad personal y jurídica a sus gobernados. Ahí están los grupos de
policías comunitarios a los que se dio dinero del gobierno para comprar
uniformes e incluso armas. Las fotos enviadas por la Dirección general de
Comunicación Social con un sonriente gobernador en abrazo de amistad con un
encapuchado en la Costa Chica es la expresión materializada de que desde
Palacio de Gobierno se financió a estos grupos, mismos que ya se sumaron al
paro de los maestros y los han escoltado, armados, en algunas de sus
manifestaciones. ¿Un estado dentro de otro estado? Parece que eso se pretende
desde Casa Guerrero.
La sucesión histórica de los acontecimientos
denota que desde el gabinete algunos alientan una rebelión abierta en contra de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
1)
Dar dinero público a supuestos grupos comunitarios que en marchas
magisteriales lanzan consignas afirmando ir a una guerrilla es un acto mas que
de ingenuidad, de sedición.
2)
Enviar al Congreso Local una propuesta de iniciativa de ley de educación
que se opone a la reforma constitucional en la materia es abiertamente un acto
de rebelión a la Constitución General de la República.
3)
Pagar salarios puntualmente al tres por ciento de 70 mil maestros que
han parado 400 escuelas y afectado a 30 mil niños es un acto de complicidad con
quienes ya se constituyeron en un movimiento político que aspira a desaparecer
al mismo estado Mexicano.
¿Quién les financia?, es la pregunta que
todos hacen. Las respuestas mas disparatadas y que ofenden a la inteligencia se
han hecho correr. Culpar a Rubén Figueroa, Manlio Fabio Beltrones o Manuel
Añorve no es sino una cínica respuesta a la desmemoria. ¿No están ahí las fotos
al visitar, abrazar y alentar a los encapuchados armados de la Costa Chica?
¿Quién paga puntualmente la quincena a quienes se niegan a trabajar? Esa es la
verdadera, auténtica y original mano que mece la cuna.
Hace tiempo el diputado local Rubén Figueroa
Smutny advirtió en las redes sociales que los sucesos de violencia crecerían
debido a la incongruencia, debilidad y titubeos del ejecutivo. Acertó el
diputado. Hoy el movimiento magisterial se ha convertido en un brazo político y
armado (ahí están los comunitarios) del Movimiento de Regeneración Nacional y
han amenazado con llegar a la guerrilla en caso de no cumplirse sus demandas.
¿Cuáles son esas demandas? Hoy puede ser contra la reforma educativa,
mañana puede ser por el fertilizante, por la paz mundial, por apoyar al presidente venezolano
o por la caída de un meteorito segundos antes del sismo del domingo.
El martes habrá de votarse el dictamen de la
ley de educación estatal en el Congreso Local. Los diputados del PRI, Verde,
Panal y Acción nacional han conformado un bloque que votará en contra de la
propuesta de la CETEG. Pero no son mayoría. Apenas son 20 legisladores
superados fácilmente por los del PRD, PT y Movimiento Ciudadano con 26. Pero
cabe la posibilidad de una variante: confirmar que se alienta una sedición o
frenarla. ¿Quiénes pueden hacerlo?
Esta ultima pregunta tendrá respuesta el
martes a la hora de la votación. Algunos diputados del PRD obedecen leal y
sanguíneamente al titular del Poder Ejecutivo. ¿En qué sentido votarán ellos?
Ángel Aguirre Herrera, Alejandro Arcos, Antonio Gaspar Beltrán, al menos, son
diputados que obedecen las órdenes directas del gobernador del estado. ¿Votarán
a favor de la CETEG? ¿Lo harán en contra de la CETEG? Ya veremos qué
instrucción da el ejecutivo: a favor de la Constitución General de la
República o en contra de ella.
