Tras afirmar que seguirán por el camino de la legalidad
la impugnación ante las autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral
de la Federación, porque se vió la mano amarilla y el conflicto de intereses de
los magistrados del Tribunal Electoral del Estado (TEE), el encargado del
seguimiento de asuntos electorales del PRI, Erit Montúfar Mendoza, denunció las
irregularidades en la calificación de la impugnación por ese órgano electoral
en el caso de la presidencia municipal de Coyuca de Catalán.
Acompañado del asesor jurídico del CEN del PRI, Armando
Barajas, Montúfar Mendoza que explicó que la calificación de las impugnaciones
presentadas por el PRI, han sido calificadas por intereses personales y no de
acuerdo a criterios jurídicos, ni a las pruebas concretas presentadas por los
candidatos del PRI, por lo que no han ganado ni una de las que hasta ahora se
han dado a conocer como revisadas.
El asesor jurídico, Armando Barajas señaló que el
conflicto de intereses se da pues tres de cinco magistrados compiten para ser
consejeros políticos del próximo Instituto Electoral del Estado de
Guerrero (IEEG) y uno de ellos, el de la
cuarta sala, Fernando Xochihua San Martín, tiene conflicto de intereses, ya que
su hijo está inscrito para ser diputado local por el PRD, por lo que no quieren
dejar en mal a los consejeros del IEEG, con los que enrocarán las responsabilidades una vez calificadas las
elecciones del primero de julio pasado.
Esta circunstancia se vio en que echaron abajo una
impugnación basada en videos, fotografías y hasta la detención de un
funcionario municipal encargado de la unidad deportiva, José Pablo Nájera
García, que fue detenido en flagrancia pagando votos y recogiendo credenciales
de elector, como tampoco tomaron en cuenta que otros funcionarios del
ayuntamiento actual participaron como funcionarios de casilla, cuando la ley
electoral lo prohíbe, pero para las autoridades del TEE, son irregularidades
“menores” que no influyen en los resultados, pues para nosotros si influyen
pues son mil 200 votos que pueden cambiar el resultado de menos de 500 votos en
contra del PRI.
Tampoco hicieron el recuento de los más de mil votos anulados por confusión
de los electores, por los anuncios del IFE, por lo que diferencia en contra del
candidato PRI, Abel Montúfar Mendoza, de poco menos de 500 votos se hubiera
revertido sin duda alguna.
A eso hay que agregar que hubo robo de urnas y la
intervención de un grupo armado al menos en dos comunidades, en donde obligaron
a los ciudadanos mediante el amago de sus armas a votar a favor del PRD.
En la casilla ubicada en Hacienda de Dolores que es una
comunidad de la sierra de Coyuca de Catalán, es uno de los lugares en donde
llegó un grupo armado que primero amagó a los ciudadanos para que votaran por
el PRD y en otras dos comunidades hasta se llevaron las urnas y las devolvieron
llenas de boletas a favor del candidato perredista, quien antes había
denunciado esto y ahora las autoridades del TEE dicen que todo estuvo bien, si
eso no es irregularidad ¿qué es? señaló Erit Montúfar.
Hubo uso de recursos de dudosa procedencia, que ya
haremos saber, porque son de riesgo y hay que tomarlas con calma, como las
pruebas aportadas de la compra de votos bien fundamentadas por nosotros y no
como las presentadas por el candidato del PRD a la presidencia de la república
en contra del triunfo de Enrique Peña Nieto.
Acusó a algunos funcionarios del ayuntamiento local y del
presidente municipal electo, Catalino Duarte Ortuño y Elí Camacho, del PRD, de
tener relación con el grupo armado de El Ciruelo, aquí se ve la mano de estos
individuos con el grupo armado que atacó en la comunidad de La Laguna, que hizo
una balacera tres días antes de la elección para perjudicarnos a nosotros.
El asesor jurídico del CEN del PRI, Armando Barajas,
señaló que hace tres semanas el TRIFE sancionó a los cinco magistrados del TEE
por violentar los derechos de algunos ciudadanos en sus derechos electorales y
en sus determinaciones a favor de los conflictos de intereses, pues no les
interesa violentar los derechos de los candidatos para poder sacar adelantes
sus propios intereses de los magistrados.
