- El asesinato de Acosta
Chaparro, mensaje mayor a la clase política.
- Dedicatoria a los
candidatos presidenciales de todos los partidos.
No pocos medios y
periodistas pretendieron justificar el crimen del general en retiro, Mario
Arturo Acosta Chaparro, precisamente mediante el “chabacano” argumento de que
si bien se trataba de un miliar de alto rango, lo cierto es que ya estaba en
retiro.
Otros intentaron justificar
la ejecución del militar, a partir de que fue uno de los supuestos genocidas de
la guerra sucia de la década de los 70 del siglo pasado; como si se pudiera
tratar de una venganza de parientes o grupos de aquellos que cayeron bajo su
mando militar. El militar también fue exonerado, por cierto, de la acusación de
genocidio.
Pero la versión que más
intentó bajar el perfil al crimen es la que vincula al general Acosta Chaparro
con el crimen organizado; nexos que, por cierto, también fueron desechados
legalmente por la PGR.
Un
mensaje mayor
Lo cierto es que, más allá
de que manos interesadas intentan hacer creer a los ciudadanos —y potenciales
electores— que el crimen y/o la ejecución del general en retiro Acosta Chaparro
es un asunto menor, es que —nos guste o no— se trata de un mensaje de calado
mayor. ¿Por qué?
Primero, porque a pesar de
que se trata de un general en retiro, el golpe que significa el asesinato de
Acosta Chaparro para las Fuerzas Castrenses, es uno que pega de manera directa
en el primer círculo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena),
institución sobre la que pesa la carga mayor de la lucha contra el crimen y el
narcotráfico.
Y es que el asesinato de un
general del Ejército Mexicano —esté o no en retiro— y la forma en que fue
ejecutado el general Acosta Chaparro —al puro estilo del crimen organizado— no
es más que una señal contundente de que el mensaje va dirigido a estructuras de
mando de la Sedena.
Y vale recordar que —justo
en este momento— se mueven las barajas para el reacomodo de los grupos de donde
saldrá el nuevo titular de la Sedena, una vez que llegue el nuevo gobierno, sea
del PRI, del PAN o del PRD. En la institución castrense también se juega la
sucesión.
Segundo, porque la muerte de
Acosta Chaparro, en plena calle, a la luz del día y en una populosa colonia del
Distrito Federal, permite suponer que se trató de un hecho concertado; que iban
por la vida del general y que a los matarifes lo menos que les importó fue que
la ejecución se pudiera llevar a cabo en la capital del país, la ciudad que,
según las izquierdas gobernantes, es la más segura. ¿De verdad el Distrito
Federal es la ciudad más segura, si los asesinos de Acosta Chaparro lo
ejecutaron sin ningún problema, y sin que hasta hoy se tenga un sólo dato de
los presuntos responsables?
Y tercero, porque se antoja
increíble que si Acosta Chaparro fue exonerado del delito de genocidio y no fue
encontrado culpable de mantener vínculos con las bandas del crimen organizado
—como se le acusó en su momento—, con el tiempo el general en retiro venga a
ser ejecutado por un asunto menor; por
un “quítame estas pajas”.
Es evidente —y sólo a partir
del sentido común— que el general en retiro tenía cuentas pendientes. ¿Con
quién eran esas cuentas pendientes? Los ciudadanos de a pie estamos lejos de
esa información. Lo cierto es que la forma en que fue ejecutado es propia del
crimen organizado. Pero si fue la mafia criminal la que lo ejecutó, entonces
las dudas son aún mayores.
Resulta que la Sedena y la
PGR habían exonerado a Acosta Chaparro del presunto vínculo en la guerra sucia
y el genocidio contra campesinos, al tiempo que se desecharon las acusaciones
de su presunto vínculo con el grupo criminal de Amado Carrillo. Peor aún, si
estaba limpio de las acusaciones penales en su contra, entonces ¿quién estaría
interesado en quitarle la vida no en una, sino en dos ocasiones?
Se puede especular, en
sentido contrario, sobre la posibilidad de que la Sedena y la PGR hayan fallado
en sus pesquisas y que, en efecto, el general Acosta Chaparro sí pudiera haber
mantenido presunto vínculos criminales. Pero esa versión tampoco es
suficientemente sólida, ya que un deudor de la mafia o del crimen organizado no
camina por la calle como si nada; no se detiene aquí y allá a platicar en la
calle y menos deambula por la ciudad sin un aparato mínimo de seguridad.
Lo cierto es que cualquiera
que haya sido el móvil del crimen, las autoridades del Distrito Federal están
obligadas a investigar rápido y a fondo para determinar el móvil, detener al o
los presuntos responsables intelectuales y castigar a los matarifes. Y es que
si los estrategas y colaboradores de Marcelo Ebrard quieren seguir vendiendo la
imagen de que la Ciudad de México es la más segura, pronto tienen que dar resultados.
Pero no fabricar culpables, claro.
El
efecto electoral
En cualquier caso, es
posible que el mayor mensaje que envía el asesinato de Acosta Chaparro a la
sociedad toda —y a la clase política— es sobre la vulnerabilidad de un militar
que fue de alto rango. Y si con la tranquilidad y la facilidad con las que mataron
al general Acosta Chaparro matan a un militar de cinco estrellas, ¿qué puede
esperar un candidato presidencial, frente a una acción concertada, similar, que
pretenda eliminarlo?
Lo cierto es que la
ejecución de Acosta Chaparro deja al descubierto la vulnerabilidad de la Ciudad
de México, en donde puede ser asesinado no sólo cualquier ciudadano —sin que
nadie pueda hacer nada, sin que ninguna autoridad pueda imponer la ley—, sino
que en la capital se puede ejecutar a un militar sin ningún problema.
El crimen deja claro que, en
tiempos electorales, es realidad la grave vulnerabilidad de los partidos y de
sus candidatos; deja claro que en el Distrito Federal existen las condiciones
ideales para que se repita el genocidio de Lomas Taurinas.
Y lo peor de todo es que
luego de la ejecución de Acosta Chaparro vemos con claridad el mensaje de que
los candidatos presidenciales también deben incluir a la capital del país como
uno más de los territorios donde se debe pedir permiso a las bandas criminales
para que los políticos y los candidatos presidenciales puedan hacer campaña.
Matar a un general como fue
ultimado Acosta Chaparro no es un asunto menor; es un mensaje que debía
preocupar a la clase política, toda, a los partidos, sus candidatos y, por
supuesto, a los tres órdenes de gobierno. Y es que el mensaje es un mensaje
mayor que se magnifica por la temporada electoral. Al tiempo.
EN
EL CAMINO.
Viernes de terror también en
Chihuahua, donde el bailarín gobernador debió suspender la fiesta ante la fea
realidad: 15 asesinados en un bar, dos periodistas entre los muertos.
Gobernadores inútiles, ¿que no?
