El Caso Moreira no es sólo la hipoteca de los
bienes públicos de Coahuila por más de una generación, también es el prototipo
del uso y abuso de las ilimitadas facultades que un gobernador puede ejercer en
México. Las triquiñuelas y falsificación de documentos sólo allanaron
procedimientos al pícaro. La cantidad prendaria sin límites ni márgenes, con el
cielo como techo financiero, es parte
del vértigo que puede provocar una autoridad estatal absoluta.
Desde el sexenio de Vicente Fox los poderes
de un gobierno local se relajaron y entraron en descomposición. Sin brújula ni
timón los gobernadores se ensañaron con sus excesos: Marín en Puebla, Ulises en
Oaxaca, Zeferino en Guerrero, en Veracruz Fidel. El naufragio de la ley y de la
razón.
Moreira dedicó sus afanes al Síndrome de
Santa Anna: arrendar su Estado en forma vitalicia, como una variante que además
le dejaría enormes dividendos a su peculio personal.
No se trata de una causa penal, sino de un
abismo profundo e inmoral, en el que están dispuestos a resbalar una gran
mayoría de políticos nacionales que, como Moreira, son guiados por el ahínco de
enriquecerse a costa del sudor de los mexicanos.