DESFACHATEZ EN EL CAMBIO
CLIMÁTICO
En
México, una política seria y eficaz de cambio climático requeriría
esencialmente sólo cinco cosas: 1) Eliminar los subsidios a los combustibles
automotrices y establecer sobre ellos un carbon tax, paralelamente a una
reducción significativa en el binomio ISR-IETU;
2) Abrir a la competencia el sector eléctrico, eliminando los subsidios
al consumo de electricidad para re-direccionarlos hacia el financiamiento a las
fuentes renovables, desde luego, haciendo inteligente a la red eléctrica con la
finalidad de aprovecharlas con eficiencia; 3) Eliminar o transformar los
subsidios al campo que otorgan SAGARPA y SEDESOL que promueven la
deforestación, como PROCAMPO, PROGAN y Oportunidades; 4) Abrir PEMEX a la inversión privada para
abatir las emisiones fugitivas, el venteo y la quema de gas; y, 5) Reformar
profundamente el Modelo INFONAVIT de desarrollo urbano que induce la expansión caótica exo-urbana de las
ciudades, y que ancla un patrón territorial de alto consumo de energía y de
emisiones.
Son
cosas que a todas luces deberían estar en cualquier agenda responsable y lúcida
de gobierno, esenciales para fortalecer la competitividad de la economía
mexicana, promover la inversión privada y el empleo, asegurar el Derecho a la
Ciudad y a todos los demás derechos que le son subsidiarios (vivienda,
educación, salud, empleo), y evitar grandes injusticias en la distribución del
ingreso. Claro, además de abatir estructuralmente las emisiones de gases de efecto invernadero
y lograr un crecimiento económico y urbano eficientes, energéticamente
diversificados, y de baja intensidad de
carbono.
Hacerlo
requiere cambios en la Ley de Ingresos y en la Ley de Impuesto sobre la Renta,
en los Artículos 27 y 28 Constitucionales, y en la Ley del Servicio Público de
Energía Eléctrica. Igualmente, implica modificaciones a las reglas de operación (que son simples
decretos presidenciales) de PROCAMPO, PROGAN, y Oportunidades), en la
legislación de vivienda y del INFONAVIT (y probablemente en el Artículo 115
Constitucional), y, en la legislación reglamentaria del Artículo
27 Constitucional en materia de petróleo. Se trata de legislación y de
políticas en el ámbito fiscal, energía,
desarrollo rural, y de desarrollo urbano y vivienda.
Siendo
serios, no puede pensarse que una posible Ley de Cambio Climático, como la que
actualmente se promueve aquí y en la Cumbre Climática (COP 17) en Durban,
pudiera en realidad abrogar a toda la legislación que se le oponga. Mucho
menos, si ni siquiera se lo propone, y sólo transcurre en declaraciones reiterativas
y bonachonas y en preceptos cuya motivación fundamental es crear nuevos
mecanismos burocráticos (Sistema, Comisión Consejo, planes y programas, Fondo
Verde y Comité Técnico, registros y trámites de emisiones a las empresas, y
supuestos mercados). No pasaría de ser otro más de los ejercicios legislativos
autocomplacientes e irrelevantes a los que estamos acostumbrados, si no fuera
porque desinforma a la opinión pública, desvía la atención de lo verdaderamente
importante, legitima la inacción, y pinta
de ingenuidad a las políticas climáticas. Puede percibirse también un aroma de
hipocresía en esta iniciativa de ley ante la comunidad internacional. Algunos
la justifican con la jeremiada de que así, México va a captar dineros
extranjeros, en especial de su mascota preferida en las negociaciones
internacionales, el llamado Fondo Verde,
que espera ser parido en alguno de los happenings cada vez menos trascendentes
en que se han convertido las cumbres de cambio climático.
La
verdad es que con esta iniciativa de ley de cambio climático, en el contexto
del Fondo Verde, sería un poco vergonzoso que México quiera equipararse a
Mozambique, a Nepal, o Haití, si extiende una mano mendicante a otros países y
a entidades multilaterales. Sobre todo, cuando nuestro gobierno despilfarra
anualmente más de 20 mil millones de dólares del presupuesto federal en subsidiar el derroche energético y la
deforestación. Esta cantidad es equivalente a todo el financiamiento
comprometido por la comunidad internacional en Copenhague (COP 15) y Cancún
(COP 16) para ayudar a los países pobres a luchar y a adaptarse al cambio
climático a partir del 2012. Vaya
desfachatez...